A más tardar el primero de agosto de 2023 deberá haber concluido el proceso de reestructuración del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobado en el llamado “Plan B” de la reforma electoral a nivel federal, que reducirá hasta en un 85% al personal del organismo.
Liliana Díaz de León Zapata, vocal ejecutiva de la Junta Local del INE en Baja California, resaltó que las reformas del Plan B tendrán un efecto negativo en la organización del proceso electoral, pues gran parte del personal capacitado será retirado de su cargo.
Si bien aún no se puede precisar el impacto que la reforma tendrá entre el personal del INE en Baja California, a nivel nacional se espera el despido de alrededor de 1 mil 200 personas que laboran en 300 distritos electorales, así como 32 vocales de las Juntas Locales Ejecutivas.
“El hecho de que una Junta Distrital Ejecutiva cierre implica el costo de que el personal de la rama administrativa que trabaja en esas Juntas Distritales también pierda el trabajo; en el caso de Tijuana cerrarían tres, y en el caso de Mexicali serían dos”
El órgano encargado de esta planeación será el Comité Técnico para la Implementación de la Reforma Electoral 2023, el cual fue creado oficialmente por el Consejo General del INE el pasado viernes 3 de marzo.
Según los artículos transitorios de la reforma, el Consejo General del INE tendrá hasta abril de 2023 para identificar las medidas, adecuaciones y el costo que implica la reestructura orgánica del Instituto, y hasta el primero de agosto de este año para concluir su ejecución
Impugnaciones
En próximos días el Instituto Nacional Electoral (INE) presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por las modificaciones recién aprobadas al Plan B.
“Los cambios procedimentales, los cambios que tienen que ver con la reducción del tiempo del proceso electoral, del adelgazamiento de la estructura del Instituto Nacional Electoral, particularmente lo que tiene que ver con la estructura operativa a lo largo del país, sean como los más fundamentales”
De acuerdo a Díaz de León Zapata, en semanas anteriores el INE ya presentó una controversia constitucional en contra de las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, aprobadas en diciembre de 2022.
Asimismo, se presentó un medio de impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral derivado de la separación del cargo del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina.
