Juan Miguel Hernández
Cada año las trabajadoras sexuales gastan hasta cinco mil pesos, para pagar las revisiones obligatorias en la Dirección Municipal de Salud y con ello puedan realizar su actividad, con la tarjeta de control sanitario que emite la autoridad.
Además del desembolso, las mujeres se someten a la constante discriminación que impera en las oficinas municipales, esto sin incluir las molestas inspecciones al cuerpo de las féminas, que contempla la inspección vaginal con un cotonete.
El Reglamento para el Control de Enfermedades de Transmisión Sexual para el municipio de Tijuana, publicado en el Periódico Oficial de Baja California el 12 de agosto de 2005, estipula el otorgamiento de las Tarjetas Electrónicas de Control Sanitario a las personas que se dediquen a la actividad sexual, o en su defecto, igual tienen la facultad de negarla, cancelarla o suspenderla en su caso.
En su artículo cuatro, capítulo seis, la norma también establece realizar la práctica de exámenes médicos y de laboratorio, revisiones periódicas para la prevención de enfermedades por transmisión sexual a las personas que por la actividad que realizan sean de alto riesgo de contraer alguna enfermedad.
Para aquellas mujeres que no acaten el reglamento municipal, serán objeto de la suspensión temporal o definitiva de la actividad, arresto hasta por treinta y seis horas, además de que la autoridad tendrá autorización para el uso de la fuerza pública para cumplir con la norma.
El reglamento que data de hace casi quince años, no ha sido modificado, pese al cambio en la dinámica fronteriza y la expansión de los servicios sexuales en Tijuana, por medio de las redes sociales y aplicaciones móviles.
Víctor Clark Alfaro, representante de la Asociación Vanguardia de Mujeres Libres “María Magdalena”, que agrupa a trabajadoras sexuales de la zona norte, señala la falta de “sensibilidad” que existe en la redacción del reglamento que regula el servicio sexual en Tijuana, dejando de lado los derechos humanos de las mujeres.
Además, denuncia que dicho reglamento persigue fines recaudatorios, al cobrar a las mujeres los exámenes médicos a los que son obligadas para poder portar su tarjeta sanitaria.
Con este panorama, el director del Centro Binacional de los Derechos Humanos, Víctor Clark Alfaro, anunció la presentación ante el Cabildo Municipal de un nuevo reglamento para el control de enfermedades de transmisión sexual.
“El modelo que tienen para controlar las enfermedades de transmisión sexual, no funciona, es una farsa, porque si no revisas a los clientes y solo a ellas, el modelo no funciona”, expuso.
El activista indicó que cada tres meses las mujeres tienen que realizarse la prueba del VIH, mientras que mensualmente deben acudir a las oficinas de la Dirección Municipal de Salud, para obtener la prueba del resto de las enfermedades de transmisión sexual.
“Vamos a proponer que el modelo se cambie, que las mujeres ya no vayan a servicios médicos y que cada quien vaya al médico que ellas quieran elegir y al laboratorio de su elección. El rol de servicios médicos municipales en lugar de realizarla médicamente que no lleva a ningún lado, se convierta en una oficina de orientación y prevención a través de pláticas y difusión de las enfermedades de transmisión sexual, que deje de ser una oficina recaudadora, que no soluciona ningún problema de enfermedades y lo único que hace es estigmatizar a las trabajadoras sexuales”, planteó el antropólogo.
Para crear nuevo reglamento ya existe acercamiento con el ayuntamiento de Tijuana, a través de regidores de distintas fracciones, quienes se mostraron dispuestos a reformar la norma municipal que cumplirá tres lustros en 2020.
“Por mucho tiempo fue el acoso policíaco el problema de las trabajadoras, pero ese ya quedó atrás, quedó superado, ya no hay quejas de persecución, extorsión y abuso sexual, fue asunto del pasado, ahora tenemos como prioridad el reglamento”, expresó Clark Alfaro.
