Tijuana.- La triangulación de recursos del erario para beneficiar a un taller mecánico no registrado en el padrón municipal de proveedores, pero propiedad de quien se desempeñaba como jefe de Talleres de la Dirección de Bomberos, es solo una de las irregularidades documentadas por la Sindicatura Procuradora en una auditoría iniciada hace más de un año y que aún no concluye.
En 2020, el gobierno municipal de Tijuana, entonces presidido por Arturo González Cruz, detectó irregularidades administrativas por las que el 3 de abril anunció la renuncia de tres funcionarios de esa dirección.
Otra fue el pago de más de un millón de pesos por reparación mecánica a un negocio que comercializa accesorios de cómputo, hechos en los que se involucra a José Luis Jiménez González, quien fue removido de la dirección de Bomberos de Tijuana el 3 de abril de 2020, por supuestos malos manejos administrativos.
Junto con él, fueron cesados Óscar Guillén Pacheco, entonces subdirector operativo; y Francisco Javier Beltrán Valle, jefe del Departamento de logística y Servicios de Soporte (talleres). Aunque fueron cesados de sus cargos administrativos, los tres se mantienen dentro del cuerpo de Bomberos.
Después de la remoción de los funcionarios, el gobierno municipal anunció el inicio de una investigación por parte de la Sindicatura Procuradora del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, a cargo de María del Carmen Espinoza Ochoa, y la presentación de una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California, por parte de la Consejería Jurídica.
Para sustentar las anomalías detectadas, la dirección de Contraloría de Sindicatura requirió desde mediados de 2020 el reporte mensual de las unidades atendidas en talleres municipales por los periodos 2018, 2019 y 2020, y la relación de pagos a proveedores por los mismos periodos.
También revisó las bitácoras del programa de mantenimiento preventivo de las unidades vehiculares de bomberos, tabulador de precios del padrón de talleres particulares autorizados, padrón de proveedores, inventario de unidades oficiales y maquinaria de Bomberos, equipo de transporte, y la baja de este tipo de bienes.
Aunque esta documentación permitió a la Sindicatura Procuradora corroborar con evidencia el desvío de recursos, a la fecha no ha dado una resolución final ni ha procedido en consecuencia.
PAGAN REPARACIÓN MECÁNICA A EMPRESA DE CÓMPUTO
Del 1 de octubre de 2019 al 28 de enero de 2020, la dirección de Bomberos de Tijuana, entonces a cargo de José Luis Jiménez González, solicitó a la empresa Alcor Global Incorporación S.A. de C.V. servicios de reparación mecánica de vehículos oficiales.
Sin embargo, la Sindicatura Procuradora detectó que, de acuerdo a la cédula de identificación fiscal de la empresa, su giro comercial es comercio al por mayor de equipo y accesorios de cómputo.
Los trámites para las solicitudes de reparación de las unidades de Bomberos, que incluyen maquinaria como bomberas y pipas, fueron firmados por José Luis Jiménez y el subdirector operativo de Bomberos, Óscar Guillén Pacheco.
De acuerdo al registro de Oficialía Mayor y al reporte de compras detallado que emitió la Dirección de Egresos, durante ese periodo la empresa recibió en pago un millón 099 mil 794.28 pesos.
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REPARACIÓN DE UNIDADES EN NEGOCIO DE JEFE DE BOMBEROS
El 23 de marzo de 2020, el encargado del taller Francisco Beltrán firmó una relación de unidades descompuestas donde mencionaba que las unidades U-39, con número oficial 09-200 y la unidad U-46, con número oficial 16-022, tenían la transmisión descompuesta.
En el documento asentó que ambas unidades se encontraban en el taller denominado Work Vition, a nombre de Óscar Iván Cruz Reyes.
En la revisión, Sindicatura tuvo conocimiento que la empresa Work Vition es un comercio al menudeo de partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas y camiones, no la reparación mecánica de unidades motrices.
También corroboró que las unidades U-39 y U-46 no fueron enviadas ahí, sino al taller de transmisiones “Chon Chon”, ubicado en el Cañón de las Palmeras número 4880 de Tijuana, negocio operado por Francisco Beltrán Ovalle, entonces encargado del taller de la Dirección de Bomberos.
Además, el taller “Chon Chon” no se encuentra dentro del padrón de proveedores registrados y autorizados por el Ayuntamiento de Tijuana.
INFRINGIERON REGLAMENTACIÓN
De acuerdo a la investigación de Sindicatura, el jefe de Logística y Servicios de Soporte (talleres), Francisco Beltrán, junto con José Luis Jiménez, como director de Bomberos, autorizaba la asignación de talleres, sin requerir cotización previa.
Sin mediar solicitud de reparación de las unidades de Bomberos, turnaban al área administrativa la gestión de pagos a proveedores, cuando el servicio ya había sido realizado.
La reglamentación de adquisiciones establece que la contratación de talleres debe realizarse previa cotización a cuando menos tres proveedores que se encuentren dentro del padrón autorizado por el Ayuntamiento de Tijuana.
De acuerdo a las solicitudes de pago firmadas por ambos funcionarios, excluyeron ese procedimiento amparándose en el artículo 10 del Reglamento Interno de la Dirección de Bomberos de Tijuana, el cual señala:
“Deberá existir subordinación entre individuos de igual rango, cuando alguno de ellos sea investido de mando especial otorgado por sus superiores en forma provisional o permanente, atendiendo las circunstancias especiales del caso. Las órdenes deberán cumplirse siempre sin excusa, aun cuando sean dadas de forma verbal, excepto cuando la orden en sí misma violente las garantías individuales, el orden jurídico o el servicio debe brindarse”.
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IRREGULARIDAD EN CAPACITACIONES
La Sindicatura Procuradora también pudo documentar que MJ Formación de Brigadas, negocio relacionado con José Luis Jiménez González, así como las empresas JMM Capacitación, Asociación de Bomberos de Tijuana, A.C., ACMI y Pitber Formación de Brigadas, ligadas a personal de la Dirección de Bomberos, impartían cursos con fines de lucro, utilizando instalaciones y equipo municipal.
Dichas firmas realizaban capacitación particular con cobros que fluctuaban entre los 20 mil y los 120 mil pesos en el Centro de Adiestramiento de la Dirección de Bomberos, ubicada a un costado de la Delegación La Presa Rural.
A pesar de que se utilizó instalaciones y material de la Dirección de Bomberos, el recurso cobrado por dichos cursos no ingresó a las arcas del Ayuntamiento de Tijuana ni de la Dirección de Bomberos.
PIDEN SANCIONAR DELITOS U OMISIONES
Pedro Perfecto, uno de los capacitadores implicados en la investigación de la Sindicatura Procuradora, subrayó que, de comprobarse las anomalías, se deben aplicar las sanciones correspondientes, aunque en su caso consideró que no incurrió en falta alguna.
“La verdad, muchos somos gente honesta y trabajadora, que saliendo de nuestras 24 horas salimos para dar clases y mantener a nuestra familia. Tengo dos hijas de universidad; con el sueldo de Bomberos no nos ayuda. Lo único que buscamos es seguir trabajando” (sic), anotó.
Subrayó que además de los bomberos señalados por la fiscalía municipal en su informe hay otros bomberos que también operan empresas de capacitación o brindan el servicio particular de ambulancias.
Por su parte, Óscar Jesús Páez, director de Bomberos de Tijuana, informó que ha sido requerido por la Sindicatura Procuradora para el desahogo de pruebas de la investigación interna.
“Pero es limitado lo que les pueda dar, yo no estaba al frente de la Dirección de Bomberos, desconozco el tema, me he empapado por lo que ellos me han solicitado”, dijo.
Respecto a las consecuencias de la investigación, confirmó que hasta el momento no ha habido sanciones.
