Tijuana.-Desde el punto de vista funcional y operativo, fue un error concentrar las acciones de seguridad en la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que volver a crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana resulta un acierto, consideró Vicente Sánchez Munguía, investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte (Colef).
Señaló que la fusión realizada por la anterior administración no dio resultados porque las acciones preventivas y de inteligencia de la Secretaría de Seguridad, deben estar separadas de las atribuciones de la Fiscalía, las cuales son fundamentalmente de justicia e investigación criminalística.
Son funciones distintas, y no se puede concentrar las acciones de los dos entes en uno solo, porque operativamente no se logran buenos resultados, como se pudo comprobar en Baja California, al dejar en manos de la FGE la labor de vigilancia y todo lo relacionado con el tema de seguridad.
Advirtió que no basta con volver a conformar la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sino que “hay que dotarla de recursos y fortalecerla para el buen desempeño de los agentes, recuperar lo bueno que tuvo y fortalecerlo, para que sea útil y cumpla con su función de proveer seguridad”.
En el combate a la inseguridad, expuso que el estado debe asumir su responsabilidad en el problema de inseguridad y no delegar toda la responsabilidad al gobierno federal, como “está pasando en algunos gobiernos estatales morenistas, que están renunciando a sus funciones de proveer seguridad a los ciudadanos y quieren que todo lo haga y lo controle la Guardia Nacional”.
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Como ejemplo, citó el caso del gobierno de Sonora que pasó los recursos de seguridad a la Guardia Nacional.
“Los gobernadores no pueden esperar que solo la Guardia Nacional resuelva el tema de inseguridad, renunciar a ejercer estas funciones va en contra de la Constitución federal y de los Estados”, dijo.
El pasado jueves, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Constitución de Baja California para retornar esta dependencia al organigrama de la administración estatal.
De acuerdo a la propuesta de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, la secretaría estará a cargo de Ricardo Iván Carpio, a partir de su operación, el 1 de enero de 2022, siempre y cuando tres de los cinco ayuntamientos aprueben la reforma.
