Tijuana.- “Buenos días. ¿Alguien sabe cuándo regresará la profe?” Esa fue la pregunta en WhatsApp que terminó perjudicando a una niña de 12 años de edad mientras diversas autoridades poco o nada parece que han podido hacer para garantizar su derecho a la educación.

Prisma Manríquez y Luciano Cárdenas, sus padres, dicen que la pregunta no le gustó al Colegio de las Américas donde su hija tenía ya cinco años estudiando, por eso primero quisieron condicionar su regreso, y después rechazaron aceptarla para su último año de primaria.

La pregunta fue de la madre de familia en un grupo de mensajería celular a otros padres de familia, porque la docente tenía una incapacidad médica, al parecer por una lesión de muñeca.

En una captura de pantalla de la conversación se puede leer que al menos otro padre de familia dice que ya había preguntado en la escuela sin obtener respuesta favorable.

Los padres dicen que desde la escuela Prisma fue llamada “grillera” porque otros padres comenzaron a preguntar lo mismo.

“El grupo de WhatsApp ya estaba hecho cuando yo ingresé, y me pusieron como administradora. Me pedía otra mamá que le dijera a la directora que también le hablaran a ella porque es quien creó el grupo. Le comenté a la directora. Me dijo que no”, contó Prisma.

Incluso, asegura Luciano, la directora le mostró a él capturas de pantalla no solo de esa conversación, sino también de una reacción de sorpresa que Prisma dio hace tiempo a un comentario de Facebook sobre el colegio.

Ella dice que algunos padres sugirieron protestar frente al plantel y respaldarla en un encuentro con la directora, pero se negó sin darle importancia al problema que estaba surgiendo.

“Pensamos que era una ridiculez realmente, que a lo mejor a la directora se le iba a pasar y que íbamos a arreglar todo hablando en la oficina”, comenta.

Por el contrario, todo empeoró cuando preguntó en un grupo de Facebook si en otras escuelas particulares tenían prohibido usar grupos de mensajería.

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“Me contestaban: en mi escuela sí me lo tienen prohibido, en mi escuela no. Yo nunca mencioné el nombre de la escuela, ni de la directora, ni del administrador. Nada absolutamente”, dice Prisma Manríquez.

Pero asegura que esa pregunta ocasionó una llamada del administrador del plantel para cuestionarla al respecto, y entonces la escuela canceló una reunión ya programada con Luciano, el padre, a la que dice acudió de cualquier manera.

“Me entrevisté con la directora. Ella siempre me manejó que era la imagen de la escuela. Le dije: está bien, vamos a poner a un lado la imagen de la escuela. Estás afectando la educación de una menor”, afirmó.

El padre cuenta que terminó aceptando el reembolso de la inscripción ya pagada pero pidió una justificación por escrito. La escuela no quiso, como tampoco fue flexible para permitir el cambio de primaria, asegura.

“Para darla de alta en otro colegio me piden la ‘Carta de buenos Hábitos’ y de ‘No adeudo’. Me dijo (la directora): ‘ocupo el colegio al cual va tu hija’. Las cartas de buenos hábitos van a quien correspondan. Nos empezaron a poner trabas para entregar esa carta también”, apuntó Luciano Cárdenas.

LAS AUTORIDADES Y EL PROCESO FORMAL

Tras una semana sin arreglo, los padres recorrieron oficinas de gobierno desde finales de junio para pedir ayuda.

Primero a la Secretaría de Educación de Baja California y después a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

De acuerdo con Luciano, la primera respondió que siendo una escuela privada es poco lo que podían hacer, y la segunda le dijo que abrirían una carpeta pero el tema no era de su competencia al no involucrar a servidores públicos.

Ya con asesoría legal y el tiempo encima para que su hija continuara estudiando, acudieron al Sistema Estatal de Justicia Alternativa (SEJA), donde las partes en un conflicto pueden lograr un acuerdo sin ir a tribunales.

“El 6 de agosto se hizo la invitación para que acudieran ellos. Me presenté a la escuela para tratar de dejar la invitación. No la quisieron recibir”, cuenta Luciano.

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Como otra alternativa fueron a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), y después de dos llamados, finalmente respondió una representante legal del colegio.

“Supuestamente íbamos a llegar a un acuerdo. Platicar para el reingreso de la niña, y condicionarnos el reingreso”, comentó el padre de familia.

“No querían que yo hiciera público nada”, agregó Prisma. Pero nada de eso pasó.

“No sé si la Isep ya realmente se interesó porque volví a ir, y le llaman al colegio. El colegio dice que se siente agredido porque la supervisión les habló y estábamos tratando de llegar a un acuerdo”, contó Luciano, quien optó por detener temporalmente todos los procedimientos que había iniciado.

Ahora siguen su curso de nuevo, y como el ciclo escolar comenzó sin su hija, se sorprende por cómo un plantel privado puede negarse al diálogo y perjudicar a su hija sin consecuencias.

“No entiendo cómo teniendo varias instituciones, ninguna pueda intervenir directamente ante ellos”, dice Luciano.