Tijuana.- Humberto Rodríguez Romero, miembro del Colegio de Abogados Constitucionalistas de Tijuana AC, señaló que Baja California es de los pocos estados del país que no cuenta con fiscal anticorrupción pese a que por ley federal desde el 2018 se creó el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
“Es importante la creación de esa figura, independiente que viene de un decreto de administraciones pasadas a nivel federal, todos los estados lo tienen y hay uno federal, desconozco por qué no lo tienen en Baja California; se ha argumentado por el tema económico”, agregó.
Derivado de ello, dijo que no se puede garantizar que exista transparencia en el manejo de los recursos económicos públicos que realizan los funcionarios en el estado y los municipios.
“Afecta, porque no cuidas y regulan los actos de la autoridad, que es la que debe de cuidar y administrar correctamente nuestro dinero, que aportamos a nuestros pagos, impuestos y derechos, que hacemos directamente a los tres niveles de gobierno” (sic), apuntó.
Señaló que desde su creación, el Sistema Estatal Anticorrupción fue una dependencia sin presupuesto y sin titular, pues en enero de 2020 renunció al cargo Olga Elizabeth Ojeda Mayoral, por no contar con un presupuesto para conformar la institución; quedó con un encargado de despacho.
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Mencionó que en su momento participaron dos representantes de abogados constitucionalistas especialistas en derecho.
“Tuvimos dos representantes ante el Sistema Estatal Anticorrupción, dos excelentes abogados maestros, de gran conocimiento y capacidad del tema, pero desafortunadamente no pudieron continuar sin saber la razón”, dijo.
El especialista en derecho constitucional consideró que a la gubernatura de Jaime Bonilla, que solo duró dos años, el tiempo no le permitió nombrar a un fiscal anticorrupción porque requiere un presupuesto adecuado para su operación, un magistrado y personal para que no solo sea una dependencia de apariencia, sino que combata los actos de corrupción en esta entidad.
“Queremos creer que fue el motivo por el cual no se creó el fiscal anticorrupción, porque no nada más es el nombre del fiscal, sino también tiene que haber un magistrado del sistema anticorrupción. Se nombró una persona y en menos de dos o tres meses renunció”, dijo.
El SEA es responsable de revisar los procedimientos de contrataciones, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y servicios que realizan las autoridades, pero también vigila a las empresas contratadas ante posibles actos de corrupción.
“Por eso fue creado, para evitar esas fugas y esos gastos económicos”.