Laura Bueno Medina
Tijuana.– El decreto recién publicado por el que se establecen penas de cárcel de entre 3 meses y 6 años para quienes presente o emitan facturas falsas, está dirigido a empresas que ofrecen servicios para “disimular” operaciones de origen malverso, planteo el Colegio de Contadores Públicos de Baja California Asociación Civil, y para quienes, de común acuerdo, estén realizando estas actividades.
El presidente del Colegio de Contadores, Leonardo Méndez Cervantes, señalo que la labor para los contadores no incrementa, sino que sólo se trata de la tipificación como delito de la presentación de facturas falsas, lo cual dijo, era una regulación necesaria.
Aquellos casos en donde ya hay o había un acuerdo convenido para disfrazar una operación financiera o para detectar a las empresas que se dedican a engañar a otras, negocios o personales físicas con la emisión de facturas por servicios inexistentes, son los casos por lo que el Colegio de Contadores, considera, va la autoridad fiscal.
“El cambio real es para los terceros, no para nosotros los contadores”, manifestó el presidente del colegio, agregando que ahora los clientes deberán ser cuidadosos de las operaciones que realizan y con quien las llevan a cabo.
Anteriormente el contador recomendaba a sus clientes sobre el cuidado que debían tener al realizar operaciones, con recomendaciones como, la verificación de la legalidad y existencia de los negocios que les ofrecen o prestan servicios a sus clientes.
“Validar que esas operaciones se están realizando con un ente que realmente existe”, es ahora indispensable para todo contribuyente que contrate servicios de terceros, dijo el contador.
Por lo que respecta a la verificación de la validez de un negocio, el contador señalo que actualmente es muy fácil, ya que existen desde aplicaciones digitales que se pueden utilizar en los celulares para realizar una revisión de las empresas que se están contratando.
