La iniciativa de ley turnada al Congreso del Estado por el gobernador Jaime Bonilla Valdez para permitir el uso medicinal de cannabis presenta vicios de inconstitucionalidad, toda vez que invade la esfera federal en materia de regulación para su consumo, advirtió Emmanuel Farías Camarero, representante legal de la Fundación Loto Rojo.
“Si bien es cierto existe competencia concurrente entre federación y estados en la materia de salubridad general, cierto es también que la prevención del consumo de estupefacientes, como el cannabis, corresponde exclusivamente a la Federación”, expuso.
A finales de junio, el gobernador de Baja California presentó, ante la legislatura local, la iniciativa que anula la restricción total en el uso medicinal y lúdico de marihuana.
El 20 de noviembre de 2020, Bonilla Valdez reprobó públicamente las reformas legales que hiciera el Senado de la República para el uso lúdico de la marihuana.
“En el uso lúdico yo no estoy de acuerdo del tema de la marihuana, cannabis, se me hace que el Senado se fue a fondo completamente, mi opinión es que únicamente debe ser para uso médico”, expuso durante la transmisión que realiza vía redes sociales.
El representante de la Asociación Civil dedicada a informar y brindar asesoría legal a la sociedad sobre los beneficios terapéuticos del cannabis medicinal, cuestionó el compromiso del gobernador Jaime Bonilla con el uso medicinal de la marihuana.
Recordó que el 12 de enero de 2021 se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el
reglamento de la Ley General de Salud sobre cannabis medicinal, “es decir, ya se cuenta con una norma general en ese sentido, por lo tanto, esta iniciativa pudiese traducirse en una sobrerregulación en la materia”, subrayó.
Por otro lado, recordó que, a través de un juicio de amparo, se ordenó al secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, y al titular de la Unidad Regional de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris), brindar atención médica a base de cannabis a más de 20 pacientes en la entidad.
Con esta resolución, explicó, las autoridades no sólo están obligadas a dar las autorizaciones correspondientes a los medicamentos que utilizan los pacientes, sino también gestionar su importación legal desde Estados Unidos, para que el sector salud se los provea de forma gratuita.