Para Carlos Atilano Peña, candidato a la gubernatura del estado por el Partido de Baja California (PBC) es necesario celebrar un convenio con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para flexibilizar los requisitos para portar armas en casa. El argumento es que las familias se sienten desprotegidas en medio del clima de inseguridad que se vive en la entidad.
En una charla con El Sol de Tijuana y La Voz de la Frontera, el candidato asegura que es uno de los caminos en su estrategia de seguridad.
“Vamos a armar a las familias y a los negocios. Vamos a celebrar un convenio entre el gobierno del estado y la Sedena para flexibilizar los requisitos para portar armas en casa. Las familias se sienten desprotegidas, los negocios están desprotegidos. Creo que llegó el momento, pero de una manera ordenada”.
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En su análisis de la inseguridad dijo que uno de sus objetivos, de ganar la gubernatura, es el uso de tecnología avanzada para desarmar a los grupos delincuenciales con un sistema vía satelital, que permite identificar, en tiempo real, quién va portando un arma en la calle.
Una de las estrategias que propone en ese mismo tema es que el primer mandatario estatal asuma la rectoría en el combate a la delincuencia.
“Que asuma su obligación de darnos paz y tranquilidad. El gobierno de hoy ha desatendido del tema de seguridad pública, ha dejado de lado y en libertad a los grupos delincuenciales que se han dedicado a recaudar y extorsionar a la población en general”.
En su opinión se debe hacer una reingeniería de la estructura gubernamental, y aseguró que fue un error fusionar la secretaría de seguridad pública con la fiscalía, porque según dijo Baja California es el único estado que no cuenta con una secretaría de seguridad ciudadana. Esto implicaría dijo, re instalarla, “pero no a los Pepos (policías estatales preventivos) por su mala fama. Se debe capacitar a los cuerpos policiacos y agentes ministeriales. No es posible que los tengamos haciendo marchas y plantones porque no se les paga a tiempo. Vamos a crear una fiscalía especializada en atender feminicidios, dándole prioridad a la protección de la mujer. Tenemos un instituto de protección a la mujer abandonado, sin presupuesto”.
Hizo referencia a la cercanía del fiscal con el gobernador y apuntó que cada uno debe cumplir con lo que le toca.
“Debemos tener un fiscal que no sea compadre, ni que sea carnal; sino un fiscal que conozca la materia, que no esté en temas políticos como el actual y que haga un trabajo técnico, jurídico como se requiere”.
Rechazó la creación de un mando único porque para él es riesgoso atesorar mucho poder, lo cual conlleva a cometer errores. En ese sentido insistió en que el gobernador debe asumir la rectoría dando programas, señalamientos y que tome la responsabilidad, sin olvidar el respeto de la autonomía municipal, del poder judicial y del legislativo. Detalló que además la coordinación no es una estrategia, es una obligación que impone la Carta Magna.
Sobre la donación del centro de gobierno de Tijuana a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y la intención de expropiar el Club Campestre comentó que percibe “un tufo de corrupción. Detrás de ellas hay negocios para los gobernantes en turno. En el caso de la UABC el tiempo nos dio la razón, se fueron a rentar y están beneficiando a amigos en los contratos de arrendamiento, cuando ese dinero se pudo usar para construir en las propias instalaciones de la UABC, que tiene un vasto terreno para que así fuera.
“La fiscalía del estado, teniendo un inmueble propio en Mexicali, en Tijuana, en Ensenada se vaya a rentar por millones de pesos un edificio que prácticamente no utilizan. En el caso del Campestre es un decreto que está condenado a fracasar como sucedió con el decreto con el que tomaban posesión de la caseta de Playas de Tijuana. En el caso del Campestre no se cumple con dos aspectos fundamentales. No hay utilidad pública. Nos dicen que para la recreación de la población, pero cuando ves los espacios recreativos que tenemos en total abandono de este gobierno, es más están mutilando el Parque Morelos. El otro requisito que no cumplen es el de la debida indemnización. Dicen que no hay un dueño, que es de la nación; pero si fuera de la nación el gobierno del estado no puede expropiarlo. Luego dicen que sí tiene dueño pero por una prescripción que es ilegal. El gobierno del estado no tiene facultades para decir si es ilegal o no, es un tribunal, es un juzgado, el tema es si tenemos dinero para pagar esa expropiación. El propio gobernador dice que el metro cuadrado vale tres mil 500 y dos mil dólares, por 57 hectáreas estamos hablando mil millones de dólares que no tenemos”.
Carlos Atilano ha sido identificado por su ideología de izquierda y aclara por qué no comulga con los partidos que en el papel representan esa tendencia.
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“Compaginamos con la ideología de izquierda, sin embargo siempre anteponemos los conceptos del ciudadano por encima de las ideologías de izquierda o derecha. Creemos que debe abanderarse el interés legítimo de los ciudadanos. Lo importante es generar políticas públicas en beneficio de la colectividad. Yo me he alejado de los partidos que apoye en un principio porque terminan de configurar gobiernos que son contrarios a las necesidades de la población en general, y hacen componendas entre los entes políticos del momento y terminan por desalentar nuestra participación. En el caso muy particular de Morena que llegó como la Esperanza de México, fueron unos en campaña con un proyecto alternativo de Nación y fueron otros en gobierno”.
Dijo que su proyecto no es para acceder al poder por el poder mismo, sino que busca espacios donde poder realizar cambios auténticos.
“Y vimos que tanto Jaime Bonilla Valdez como Arturo González Cruz se estaban rodeando de priistas y panistas de lo peor, que habían gobernado en otras épocas de una manera perversa y corrupta, por eso decidimos dar un paso al costado. Fui el primero en organizar un evento de Andrés Manuel López Obrador en Baja California, sin embargo creo que cuando llegó al gobierno se apartó de los lineamientos bajo los cuales lo apoyamos que eran no mentir, no robar, no traicionar y cuando vimos que estableció una política inconcebible en materia de seguridad de abrazos, no balazos, empezamos a ver que el crimen organizado en México tenía permiso. Entonces liberar al Chapo, saludar a la mamá, pedir la extradición de Cienfuegos para luego liberarlo, modificar las leyes para darle cabida al lavado de dinero, dijimos este no es el rumbo que queremos, darle más facultades a los militares también nos parece incongruente, estamos en un proceso grave de militarización del país y eso es una mala noticia para México.
“En Baja California, es el peor gobierno que hemos tenido, creíamos que era difícil superar en corrupción y mal gobierno a Kiko Vega, pues Bonilla lo está logrando”.
Carlos Atilano ha sido profesionista, activista y luchador social por más de 30 años.
Se ha distinguido por abanderar las necesidades de la gente, ha abanderado plebiscitos para tratar de revertir el incremento de las tarifas del transporte público en Tijuana, han elaborado amparos en contra de aumentos de impuestos, en contra de refinanciamientos de deuda públicas, ha presentado denuncias penales por corrupción en contra de autoridades municipales y el gobierno del estado.
Fue inicialista en varias leyes desde la sociedad civil, abanderó una economía social diferente a través de una ley para el impulso de sociedades cooperativas.
Su carrera política ha estado ligada a la izquierda. En el 2001 fue candidato a la alcaldía de Tijuana por el PRD, fue candidato ciudadano. En las elecciones pasadas también fue coordinador de campaña de Arturo González Cruz; se ha declarado públicamente López Obradorista, simpatizante del movimiento, aún así no ha tenido cabida en el partido a nivel local. A pesar de eso decidió aceptar la invitación por parte del PBC a favor de la sociedad.