Observando el barranco donde terminó su hogar, Mariana Morales Alvarado, una de las víctimas en el deslizamiento de la colonia Lomas del Rubí ocurrido en febrero del 2018, dice que el lugar se ha convertido en un basurero clandestino.

“Es un problema de salud, ya que hay desechos químicos de laboratorio y escombros. Algunas de las casas no han tenido pérdida total, y ya están viviendo ahí malandros que hacen fogatas. Es una zona roja , así se ha marcado por la inseguridad porque esta zona no la están habitando y cualquiera puede entrar y salir”, explicó.

La vivienda que compartía con su familia fue adquirida por su madre 35 años atrás, por lo que Mariana observó cómo se fue transformando Lomas del Rubí con el paso del tiempo hasta formar su comunidad.

“Es un recuerdo del trabajo de nuestros padres, queremos cuidarlo y protegerlo. La mayoría de los que somos aquí residentes, nuestros padres fueron fundadores de esta zona donde dicen que llegaron y que no había nada. Poco a poco fue creciendo y progresando. Pudieron obtener servicios y regularización”, contó.

Pero Mariana también presenció cómo el patrimonio que su madre había conseguido para heredarlo a sus hijos se vino abajo.

Recuerda que las afectaciones provocadas por un corte de tierra en la parte baja del terreno sobre el que se asienta Lomas de Rubí comenzaron con un perímetro de cinco cuadras.

Su casa estaba en la calle Ignacio Ramírez, una de las primeras que se fue al fondo de la pendiente cuando los vecinos ya tenían al menos dos semanas reportando grietas en el suelo y los hogares, atribuyéndolos además a los trabajos de construcción en la parte baja de su colonia.

El corte de tierra, como es públicamente conocido, fue realizado por el desarrollador de vivienda Grupo Melo para la edificación del fraccionamiento Valle del Pedregal, ubicado sobre el bulevar Cuauhtémoc Sur.

“El problema no era la tierra ni la construcción, sino la retención que le quitaron a las faldas del cerro que detenía todas estas cuadras y que seguía deteniendo a esta zona. Teníamos más de 30 a 40 años y no tuvimos ningún tipo de problema hasta que llegó esta constructora en 2017-18 que nos afectó, y provocó todo este problema”, detalló.

Morales Alvarado estima que aproximadamente 130 familias resultaron perjudicadas por el deslizamiento del terreno y apenas en abril de este año recibieron viviendas por parte del gobierno federal a través del Programa de Vivienda Social (PVS).

“Era la necesidad de estas familias para que ya no siguieran pagando rentas excesivas”, dice Morales Alvarado.

En cuanto a Grupo Melo, la también abogada dice que la empresa se deslinda de responsabilidades.

Argumenta que recibió un permiso para la construcción del fraccionamiento que le fue entregado por el XXI Ayuntamiento de Tijuana (2013-2016), encabezado por Jorge Astiazarán, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), explica.

“Se les dió un permiso de uso de suelo, para una licencia de construcción, un permiso para el movimiento de tierra. Esa es la parte con la que ellos se respaldan, que hubo alguien que les dio un permiso. La responsabilidad es de las autoridades del municipio, quienes no supervisaron ese proyecto, no supervisaron las obras ni el corte, y no supervisaron la afectación que podían ellos generar a futuro”, detalló Mariana Morales.

En su recomendación 10/2019, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHBC), dijo que en este caso fueron violentados los derechos a la vivienda, al trato digno, a la protección de la vida y otros.

Sobre la responsabilidad última por el deslizamiento de tierra, la Comisión subraya que no es competencia, pero establece que autoridades y empresa fallaron.

“Se documentaron numerosas inconsistencias, omisiones y actuaciones negligentes que son innegables por parte de los responsables de la obra, así como de su inspección y revisión”, dice la recomendación.

La recomendación fue dirigida al entonces presidente municipal, Eduardo Alejandro Terreros Martínez, suplente del panista Juan Manuel Gastélum Buenrostro, quien encabezó el XXII Ayuntamiento (2016-2019).

También al secretario de Salud y director general de Isesalud en el estado, Caleb Cienfuegos Rascón.

UNA AMENAZA LATENTE

A casi cuatro años de la fractura y movimiento de tierra del que nadie se hace responsable, el riesgo sigue siendo una amenaza para muchos hogares más.

“Solamente estan etiquetados en amarillo por Protección Civíl Municipal. Emitieron una recomendacion donde mencionaban que esto seguiría avanzando (...) Todos ellos están etiquetados de amarillo. Para poder poner un sello de que es zona de riesgo no habitable prácticamente quieren ver una casa partida por la mitad”, expresó Mariana.

Reyna Yesenia Zalapa Álvarez vive en estado de incertidumbre junto a su esposo en uno de esos hogares con engomado amarillo.

“No sabemos qué va a pasar. Hace unos días estábamos en la casa y sucedió un estruendo, las paredes de la casa temblaron, es lo que sucede normalmente por el asentamiento de la tierra y el colapso”, mencionó.

Zalapa Álvarez también ha vivido en Lomas del Rubí por más de 30 años.

Llegó a esta ciudad junto a su madre con apenas 12 años de edad, cuando la colonia era un terreno sin servicios que poco a poco se convirtió en su hogar.

“Los expertos han señalado que estamos en una zona de riesgo y necesitamos una barda de contención que nos ayude a que no caigan las casas, pero los costos son elevados”, dijo.

LA JUSTICIA QUE NO LLEGA

Morales Alvarado destacó que por esa misma causa no han encontrado respuesta en los tribunales, pues al tratarse de daños materiales y no directos a una persona, necesitan presentar estudios especializados de suelo.

“Comenzamos a cotizar en cuánto salen esos estudios, son de costo elevado, de millones de pesos. Dado a la magnitud del daño, inestabilidad y la zona ya es sensible, no es muy fácil hacer algo así, esto hará que la zona se siga afectando”, puntualizó.

La abogada agregó que los colegios de arquitectos e ingenieros se involucraron emitiendo opiniones, pero las autoridades gubernamentales no se acercaron a estos colegios.

“Hay muchos expertos que se quieren involucrar, pero como sus opiniones son directas y acertadas a nuestra lógica, donde la culpa es de quien cortó el talud mal y no nosotros, no hemos visto esa parte de las autoridades (...) No se les dió esa atención porque ellos no están asignados administrativamente a una dependencia, son particulares”, señaló.

Actualmente, Morales Alvarado habita en una de las viviendas las familias perjudicadas recibieron a espaldas del fraccionamiento Verona, situado unos 30 minutos de distancia de su antiguo hogar en Lomas del Rubí.

Recuerda con tristeza la pérdida del hogar que construyó su madre, quien murió a los 71 años de edad sin ver justicia por el daño irreparable al patrimonio que formó con su trabajo.

“Desgraciadamente ellos como adultos tenían sus enfermedades. Fue un impacto para ellos perder su casa, no podían evitar que las casas se fueran, no lo podíamos creer”, mencionó Mariana Morales recordando cómo las estructuras se derrumbaron en un instante.

Dos administraciones estatales y dos municipales han pasado sin que alguien se responsabilice por la tragedia que alteró de un día para otro la vida de más de 100 familias y amenaza a muchas más.

Pero el paso del tiempo no le quita a los vecinos su afán de buscar justicia.

“Estamos viendo que tenemos una nueva administración e iniciaremos de cero, haremos ese recordatorio. Está todo documentado en un expediente el antecedente del problema, tienen el conocimiento de que Lomas del Rubí no ha sido resuelto”, expresó.

“Desde que inició este problema exigimos justicia, que le den a estas familias el acceso a la justicia real y no a la simulación” Mariana Morales Víctima del deslizamiento