La iniciativa de reforma al artículo 21 de la Constitución, que busca fortalecer el papel de inteligencia e investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, deja ciertos cuestionamientos, principalmente por el papel de seguridad pública que actualmente efectúa la Guardia Nacional, advierten especialistas en la materia.
Consideran que resulta positivo que una institución civil se involucre en la investigación de delitos y se coordine en esta materia con policías locales; sin embargo, aún es desconocida la forma en la que lo hará, con qué presupuesto, recursos y personal, dado que la mayoría está centrado en la Guardia Nacional.
La iniciativa plantea, principalmente, que la SSPC tenga participación en la investigación de delitos, trabajando de manera coordinada con la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y policías locales.
Actualmente, con la reforma constitucional a la Guardia Nacional, esta institución es la única que mantiene tareas de investigación en seguridad pública (tema cuestionado en múltiples ocasiones por organizaciones civiles). Ahora, la reforma artículo 21 busca que se sumen a esta labor la SSPC y las policías locales.
“Esta iniciativa que propone agregarle facultades a la Secretaría de Seguridad la vemos como una muestra positiva de que sí está la intención de priorizar la intervención de las instituciones civiles de seguridad en la investigación de los delitos, incluso en el orden del fraseo del artículo pues queda primero la Secretaría de Seguridad antes que la Guardia Nacional”, explica Cristina Reyes, de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).
No obstante, alerta Reyes, la iniciativa no indica con qué va a operar la SSPC estas tareas, dado que le falta personal.
“Lo único malo que le vemos a la iniciativa es que no considera que para desarrollar estas tareas va a ser necesario ampliar el personal operativo de la Secretaría de Seguridad, y es personal con el que realmente no cuenta, entonces, no sabemos cómo va a ser efectiva esta medida, si no tienen policías como tal. Ese es uno de los aspectos que se tendrían que atender a la hora de dictaminar esta iniciativa”, explica la directora de Litigio Estratégico de MUCD.
En ello coincide el académico de la Universidad Iberoamericana, Erubiel Tirado, quien reflexiona que a la SSPC al mando de García Harfuch “le falta músculo”:
“Hay que decirlo con todas sus letras, esta Secretaría de Seguridad no tiene músculo, músculo es la Guardia Nacional y esa no depende de Harfuch, depende de la Sedena”, explicó Tirado.
Por ello, indica el académico, la iniciativa solo será positiva en la medida en que se establezcan límites a la SSPC y a la Guardia Nacional, principalmente, dado que a la fecha, este organismo dependiente de la Defensa Nacional continúa con el mayor “músculo” operativo de personal y es la principal encargada de la seguridad pública en el país. Esta diferencia de personal y capacidades entre las instituciones, alerta Tirado, puede generar cierto conflicto:
“A nivel federal tenemos una deformación en los conceptos de seguridad pública porque en principio son civiles, pero tenemos una Guardia Nacional que investiga la comisión de delitos del fuero federal (...) La Guardia Nacional no le va a responder en nada a Harfuch, porque la Sedena, vía Guardia Nacional, tiene injerencia en la seguridad pública. Entonces ahí tenemos, si no un conflicto, una confusión, porque eso no está aclarado en la iniciativa de reforma constitucional”.
Respecto a puntos positivos de la iniciativa, el coordinador de Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana refiere que ésta plantea la posibilidad que las investigaciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) puedan ser judicializables (crear carpetas de investigación con la información), situación que no era así en el pasado.
“El antiguo CISEN (Centro de Investigación en Seguridad Nacional) podía haber tenido conocimiento de delitos, pero no podía, a lo mejor, hacerlo partícipe del Ministerio Público; con las nuevas atribuciones de la Secretaría, este tipo de información es judicializable”, explicó.
Sin embargo, el académico indica que en la propuesta de reforma no se ahondan garantías al debido proceso en las investigaciones que pueda hacer la SSPC:
“La misma secretaría puede guardar esa información y simplemente activarla si es conveniente. No es muy claro, ni en la Constitución y tampoco en la Ley Orgánica de la de la Administración Pública Federal que resulte de la iniciativa que esto esté salvaguardando estos principios legales del debido proceso, que nos pone ante la situación de un riesgo de que simplemente no haya garantías procesales de ningún tipo, o que incluso se fabriquen delitos desde esas instancias en contra de los ciudadanos que no tengan nada que ver”, cuestiona Tirado.
La propuesta de reforma también plantea elevar a grado constitucional la figura del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que además de ofrecer cifras y estadísticas delictivas, tendrá entre sus funciones el auditar fondos federales destinados a seguridad de estados y municipios.
Otro tema relevante en la iniciativa es que la SSPC puede incidir en decisiones de seguridad nacional, aunque advierte la directora de MUCD, esto no se detalla en la propuesta.
“Se le da una atribución a la SSPC para auxiliar a la Presidenta de la República en temas de seguridad nacional. Sin embargo, tampoco se detallan realmente cuáles van a ser sus funciones exactas. Nosotros creemos que es algo positivo porque se implementan más controles civiles a las funciones de seguridad nacional, pero sí necesitamos saber exactamente en qué van a intervenir”, indica Cristina Reyes.
Asimismo, el dictamen busca la formalización del Sistema Nacional de Inteligencia, planteado por Harfuch y Sheinbaum desde el inicio del sexenio. Este nuevo sistema, coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, busca recopilar y compartir información relevante de inteligencia entre los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal).
Respecto a este nuevo organismo, Tirado explica que ya se intentó en 2005 como un Sistema Nacional de Información, pero nunca se ejecutó. Ahora, se intenta ejecutar, aunque con la limitante del poderío militar y su injerencia en la seguridad pública.
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“Le está dando una actualización en función de lo que los militares le permiten y lo que obviamente le están dejando hacer en función de esta coordinación (con otras dependencias de seguridad)”, explica el académico de la Iberoamericana.
La iniciativa de reforma a las facultades de investigación de la SSPC contenidas en el artículo 21 de la Constitución fue enviada al Senado de la República por la Presidenta Claudia Sheinbaum, y este 6 de noviembre se turnó a comisiones de la Cámara Alta para su primera discusión.