El caso de Nadia Alejandra Muciño Márquez, mujer asesinada en el año 2004 por su esposo y cuñado en presencia de sus hijos de 2, 4 y 5 años de edad en el Estado de México, y que es considerado el "primer feminicidio" en el país, cumplirá el próximo 12 de febrero 18 años en impunidad, denunció María Antonia Márquez, madre de la víctima.
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Durante la audiencia pública del caso ante la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH), María Antonia aseguró que esto es debido a que el Estado mexicano no ha garantizado la justicia en el caso, ya que a 17 años de este asesinato uno de sus presuntos asesinos continúa en libertad y ningún servidor público ha sido sancionado por "negligencias, omisiones y actos de corrupción" cometidos durante el proceso.
"Desde esta fecha, la vida de mi familia cambió. No sólo por la ausencia física de Nadia, sino también porque durante 17 años las autoridades mexicanas han incurrido en negligencias, omisiones y actos de corrupción", señaló la madre de la víctima en presencia de autoridades del Estado mexicano.
Un caso investigado como "suicidio: el primer feminicidio del país
Nadia Muciño fue una mujer que a los 24 años de edad que fue asesinada en el Estado de México presuntamente por Bernardo, su esposo y padre de sus hijos, e Isidro, el hermano de éste, en presencia de Carlos, José Uriel y María Fernanda, que con tan solo 5, 4 y 2 años "fueron testigos de cómo su padre y su tío asesinaron a su mamá".
Desde los 17 años, Nadia conoció a Bernardo, con quien se fue a vivir y tuvo tres hijos. Sin embargo, las violencias y los abusos no tardaron en llegar. De acuerdo con la defensa de la familia Muciño, como prueba de lo anterior es que durante el año 2002 Nadia acudió al Sistema Integral de Protección de la Familia DIF para denunciar la violencia de la que eran objeto ella y sus hijos.
"Por eso hago responsable al Estado mexicano del asesinato de Nadia, porque antes de su feminicidio ella había sido víctima de diversas violencias, e incluso la privo de su libertad, la secuestró", relató María Antonia durante la audiencia.
El 2 de junio de 2003, Nadia presentó una denuncia (ahora por el presunto secuestro) ante la entonces Procuraduría General del Estado de México, pero las autoridades, según la familia Muciño, no aplicaron medidas de protección ni para ella ni para sus hijos. El secuestro fue reducido a un evento de violencia familiar, prescribiendo en el año de 2005.
"Así, el 12 de febrero de 2004, Nadia fue asesinada a pesar de que existían antecedentes de violencia en contra de ella y que se encontró su cuerpo arrodillado con una soga y un cordón de zapatos en el cuello, las autoridades concluyeron que se trataba de un suicidio, argumentando que el desorden que había en su casa era evidencia de su modo de vivir", explicó María.
Registros judiciales ubican que el caso de Nadia investigado como "suicidio" en realidad se trató del primer crimen dictaminado como feminicidio en el país. La historia no terminó ahí.
En el 2007 Isidro, uno de los asesinos fue detenido y procesado, sentenciado a 46 años y dos meses de prisión, pero un Tribunal de apelación lo liberó en el 2010, al determinar que los infantes "eran incapaces de diferenciar una verdad a una fantasía, además de concluir que Nadia se había suicidado", por lo que se encuentra en libertad y sin la posibilidad de ser juzgado nuevamente.
Por su parte Bernardo fue detenido en 2012, pero en el 2017 su defensa evitó una sentencia condenatoria de 42 años con seis meses en su contra, resolución que al día de hoy no es definitiva.
"La familia Muciño no puede seguir esperando que exista justicia en México por el feminicidio de mi hija Nadia. Si bien hay una sentencia contra uno de los responsables, hay otro que está libre, absuelto de toda culpa… Así espero que el discurso de derechos humanos que seguramente expresarán las autoridades mexicanas en esta audiencia en qué se puede concretar", dijo María Antonia.
A 17 años, Estado mexicano ofrece una "ruta de reparación integral"
En calidad de perita, Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, aseguró que pese a toda una nueva infraestructura legal e institucional que se ha creado desde el asesinato de Nadia, y con el tipo penal de feminicidio bien establecido en las leyes mexicanas, lo más graves es que "no está generando verdad, justicia y reparación para las víctimas" en la práctica.
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Por ello Marcos Moreno Báez, coordinador de asuntos internacionales de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en representación del Estado mexicano, asumió el compromiso de acompañar a la familia Muciño "en el proceso de dignificación y de reparación” del caso, luego de reconocer que el Estado es "responsable de la comisión de diversas violaciones a los derechos humanos en agravio de Nadia Alejandra y sus familiares
Los sucesos de violencia fatales, de los que fue objeto Nadia Alejandra, por parte de su entonces pareja, y sobre todo la falta de instituciones protectoras de los derechos de la mujer con un enfoque transversal e intersectorial, tuvieron como consecuencia el trágico desenlace y consecuencias violación de los derechos de sus familiares", dijo.
Por ello puso a disposición de la familia Muciño la construcción de una ruta de reparación integral por la vía amistosa, "sustentada en el reconocimiento de responsabilidad del Estado y enfocadas en la dignificación de las víctimas", propuesta que fue cuestionada por la defensa legal de la señora María Antonia debido a que en "nada resuelve y en nada atiende las problemáticas de forma que tienen que ver con las negligencias, omisiones y actos violatorios de los derechos humanos"
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"Lo que queremos ahora es justicia. Queremos que Isidro sea juzgado, que esté en prisión y que pague por la muerte de mi hija. También pedimos que los servidores públicos que incurrieron en negligencia y corrupción, sean sancionados realmente", finalizó María Antonia.
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