Ante la exigencia de Rosario Robles Berlanga, ex titular de la extinta secretaría de Desarrollo Social en el gobierno federal anterior, de que el presidente le diga de frente qué pendiente tiene con ella; el mandatario López Obrador dijo que sencillamente no tienen nada en su contra y que es la Fiscalía General de la República (FGR) quien da seguimiento de su caso.
En su conferencia matutina, el presidente respondió “no tengo nada en contra de ella y, es un asunto que atiende la FGR, no tengo nada en contra de ella, yo no odio a nadie, yo soy feliz y no es muy fuerte la venganza, yo lucho por la justicia”, aseguró el presidente.
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Esto, luego que Robles Berlanga, desde la prisión de Santa Martha Acatitla, envió ayer un mensaje al presidente López Obrador, donde lo cuestionó por la presunta saña en su contra.
La también ex secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (SEDATU) dijo que el trato que está recibiendo es el de una venganza política, debido a que es la única de los presuntos responsables del caso de la llamada Estafa Maestra que está en prisión.
El pasado 20 de octubre, se ratificó la prisión preventiva que solicitó la FGR en contra de Rosario Robles, hecho que dijo la propia acusada: le sorprende y, ratifica que es una presa política, por la investigación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) al inhabilitarla por una cuenta de dos mil pesos.
“López Obrador dice que no es él (quien me daña), que es el Poder Judicial, pero la inhabilitación por 10 años por una cuenta de 2 mil pesos, ¿Quién lo ordenó?”, cuestionó ayer Robles Berlanga.
Ante esto, el presidente, resaltó este martes que no presentó ninguna denuncia y su caso es una cuestión que viene de tiempo atrás.
“yo no presenté ninguna denuncia, esta es una cuestión que viene de tiempo atrás, que tiene que ver con una investigación que se hizo de corrupción en las universidades públicas, se llamó la Estafa Maestra, porque en las universidades públicas también hay corrupción y hay cacicazgos, aunque no les guste”, dijo el mandatario.
En septiembre de 2017 se dio a conocer a través de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) la trama de corrupción en la que participaron 128 empresas falsas, con las que el Gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto desvió 400 millones de dólares y que involucraba en esta dispersión de recursos a 11 dependencias federales, ocho universidades y 50 servidores públicos. Pero dentro de los implicados, sólo se mantiene a Robles Berlanga detenida en prisión, desde agosto de 2029.
El pasado jueves 21 de octubre, el presidente López Obrador, luego que se le negó a Robles el amparo para enfrentar sus acusaciones en libertad, dijo que la negativa a este recurso, había sido por una decisión del Poder y que en lo que corresponde al Ejecutivo no hay ninguna venganza.
No voy a estar de florero: AMLO
Al referirse al proceso para la revocación de mandato del titular del Ejecutivo federal, que se perfila realizar el 23 de marzo del próximo año —de reunirse el 3 por ciento de firmas del padrón electoral—, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que confía en que se le ratifique el cargo el 23 de marzo del próximo año; pero aclaró que, de lo contrario, se va a ir, pues subrayó que no va a permanecer como un florero y pasar a la historia como un presidente mediocre.
“En marzo yo espero que sí lleguemos al 40 por ciento de votos de respaldo para que sea vinculatoria, legal, pero si no se llega al 40 y pierdo, me voy, no voy a estar aquí de florero, de adorno, no se puede Gobernar un país si no se tiene autoridad moral, sin autoridad política y, no estoy dispuesto a pasar a la historia como un Presidente mediocre”, dijo durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.
Aun cuando esta decisión, señala la ley que debe ser ciudadana, el partido que fundó el presidente, Morena, junto con diferentes actores políticos aliados, ya comenzaron con la promoción de este ejercicio, pero para apoyar al presidente a que se quede y no para una revocación, como se estipula en la ley.
El pasado 3 de octubre, Mario Delgado, líder nacional morenista, anunció la conformación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, con el fin de “obtener una victoria contundente” en la consulta para ratificar al presidente.
Sin embargo, el PRD, opositor al presidente y a Morena, presentó el 18 de octubre una queja ante el INE, en contra de Morena, por promoción anticipada a la consulta de revocación de mandato.
Esto, debido a que antes de la publicación de la convocatoria para solicitar la revocación, la cual debe ser ciudadana, Morena arrancó con la conformación de una estructura denominada “Comités de Defensa de la Cuarta Transformación”, con los cuales, el partido oficialista, sostiene el PRD, presuntamente habría utilizado recursos públicos destinados a para promover la revocación del mandato, señalando como responsable directo de esto a Mario Delgado.
Hace quince días, también, la coalición legislativa Va Por México (PAN, PRI y PRD) presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra la Ley Federal de Revocación de Mandato —aprobada en septiembre pasado por el Congreso—, pues asegura que la pregunta para revocar el mandato del presidente se desnaturaliza.
El líder panista en San Lázaro, Jorge Romero resaltó en esa ocasión que, con la ley secundaria a esta ley, se amplío la pregunta, cuando simplemente debe ser un sí o un no que no se le debe dar a la pregunta un carácter de ratificación.
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De reunirse las 2 millones 758 mil 227 firmas para validar la consulta en marzo, se preguntaría a más de 90 millones de mexicanos convocados: ¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?
El INE lanzó el pasado 1 de octubre los lineamientos para la revocación de mandato, que establece la Ley Federal de Revocación de Mandato, norma que promovió el propio presidente López Obrador y avaló la mayoría de los legisladores de Morena y aliados y, que entró en vigor el pasado 14 de septiembre de 2021.
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