El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, advirtió que las medidas de austeridad que lleva a cabo el gobierno federal, no pueden poner en riesgo la salud de la población, toda vez que en el sector salud, “la asignación de recursos públicos no puede sólo depender de cálculos presupuestales o decisiones administrativas.
Al participar en la inauguración del foro internacional DESCA y la Agenda 2030 que se realiza en Chiapas, el ombudsperson nacional destacó que hay rubros en los que la asignación de recursos públicos no puede sólo depender de cálculos presupuestales o decisiones administrativas de carácter programático.
Destacó que en los servicios de salud pública, la falta de recursos económicos, materiales o de personal debidamente calificado, implica la diferencia entre la salud o la enfermedad de las personas, e inclusive, en casos graves o urgentes, entre su vida o su muerte.
“No hay economía, ahorro o medida de austeridad, que compense o justifique que la salud, la integridad o la vida de las personas se ponga en riesgo”, destacó González Pérez.
En este sentido, recalcó que los organismos defensores de los derechos humanos no son adversarios de los gobiernos, sino sanos contrapesos que buscan la defensa de la dignidad de las personas.
“No somos adversarios de las autoridades, no se puede ser adversario cuando se defiende la dignidad de las personas; en política se dice que hay adversarios, en la defensa de la dignidad humana no puede haberlo, porque autoridades e instituciones protectoras de derechos humanos convergemos en un fin: el respeto de la dignidad de las personas.
Por ello, dijo, debemos transitar a ese estado humanista, donde el centro no son los estados, sino la persona. “Los ombudsperson somos un contrapeso del poder, pero un contrapeso sano”.
El titular de la CNDH refirió que el Estado tiene la responsabilidad de hacer vigentes y garantizar el ejercicio de los derechos humanos; por ello, refirió que el momento es propicio para incorporar de manera plena una perspectiva de derechos humanos en la materialización del Plan Nacional de Desarrollo.
