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Luego de 10 años del asesinato de los defensores de derechos humanos Bety Cariño y el finlandés Jyri Jaakkola, la Unión Europea y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) advirtieron sobre el preocupante grado de impunidad, así como de la violencia, asesinatos e intimidación al que se enfrentan ambientalistas y defensores de derechos humanos en México.
“Mostramos nuestra seria preocupación por la situación de los defensores y reiteramos nuestro firme compromiso con los Derechos Humanos y la protección de los que los defienden, así como todos aquellos que promueven el derecho a una información libre y transparente”, sostuvo la Delegación de la Unión Europea en México en un pronunciamiento. En este sentido, la Unión Europea reiteró su exigencia a las autoridades mexicanas para que desplieguen todos los esfuerzos posibles y brinden justicia a las víctimas y sus familiares, con el fin de identificar y juzgar a los responsables intelectuales y materiales y no queden "zonas de silencio" donde se ahuyenta el trabajo de personas defensora.
En este sentido, la Unión Europea reiteró su exigencia a las autoridades mexicanas para que desplieguen todos los esfuerzos posibles y brinden justicia a las víctimas y sus familiares, con el fin de identificar y juzgar a los responsables intelectuales y materiales y no queden "zonas de silencio" donde se ahuyenta el trabajo de personas defensoras de derechos humanos.
“Animamos a las autoridades del estado a que tomen medidas concretas para proteger testigos, procuradores y abogados amenazados durante el proceso judicial del caso y asegurar así que las víctimas y sus familiares puedan encontrar justicia”, manifestó.
Por su parte, Alejandra Leyva, experta en Derechos Humanos y abogada en la materia de CEMDA, coincide en que en México prevalece la ausencia de justicia y la falta de investigación por parte de fiscalías locales, como de la Fiscalía General de la República (FGR), ya que hay una ausencia de investigación y una gran deficiencia en generar líneas de investigación que agoten todas las posibilidades, cuando incluso hay denuncias previas y públicas ante autoridades.
Señala que la impunidad no sólo aplica al caso de Bety y Jaakkola, donde además se asesinaron personas provenientes de Alemania, Bélgica, España e Italia, quienes defendían la comunidad Triqui, sino también para personas defensoras de derechos humanos en general y periodistas.
Alejandra Leyva destaca que CEMDA ha identificado patrones de agresiones y ataques contra personas que defienden el medio ambiente, la tierra y el territorio, donde al año 2019 hay una tendencia al alza en los homicidios desde 2017, siendo las autoridades gubernamentales los agresores en un 40 por ciento de las ocasiones, específicamente a nivel estatal y municipal y en menor medida a las autoridades federales.
“Nos preocupa demasiado, incluso en el contexto dónde hay personas que sufrieron amenazas, estigmatización, difamación, porque se está llegando a un punto bastante crítico de violencia que son los homicidios”, afirma.
En este marco se inscriben los asesinatos del ambientalista Adán Vez Lira, Paulina Gómez Palacio-Escudero, Isaac Medardo Herrera Avilés, Homero Gómez González, quienes han sido asesinados en 2020.
DATOS:
De acuerdo con un informe de CEMDA, entre 2012 y 2019 se cometieron cerca de 500 ataques contra ambientalistas.
141 de los ataques estuvieron relacionados con protestas contra proyectos de generación eléctrica, seguidos de la minería, con 71 casos.
Oaxaca fue el estado más afectado por estos ataques, con 85 episodios violentos contra defensores del medio ambiente.
