Incertidumbre, ausencia de ratificaciones, sin líneas de trabajo y preocupación en general han sido la norma al interior de la administración pública federal en lo que va del nuevo sexenio.
Esto, de acuerdo a funcionarios del sexenio de Enrique Peña aún en funciones y consultados por El Sol de México a condición de anonimato por temor a perder sus empleos.
Como informó este diario el pasado viernes 30 de noviembre, le pidieron la renuncia a más de 52 mil funcionarios públicos, en caso de que sea necesario ocupar sus plazas en la nueva administración de Andrés Manuel López Obrador.
El requerimiento se hizo a todas las plazas superiores a jefes de departamento, es decir, a jefes de departamento, subdirectores de área, directores de área, directores generales adjuntos, coordinadores de asesores, directores generales, jefes de unidad, oficiales mayores, subsecretarios y secretarios de estado.
La permanencia de todo este personal aún no está definida y a través de las distintas secretarías de Estado la situaciones varían, de acuerdo a las fuentes consultadas.
En la Secretaría de Bienestar, antes Sedesol y a cargo de María Luisa Albores, esta semana se hizo oficial la solicitud de renuncia a los delegados de la Secretaría en todos los estados de la República, al tiempo que no han habido nombramientos para dichos cargos.
Lo mismo ha sucedido en áreas como comunicación social, donde el personal de honorarios ya fue despedido.
Este martes se conoció que lo mismo sucedió en la Secretaría de Economía, donde los delegados fueron despedidos, según reclamó personal que entregó una carta dirigida a López Obrador donde reclamaron el hecho a la actual titular de la dependencia, Graciela Márquez.
Dependiendo del área, algunas cabezas de unidades y directores ya se han presentado en la Secretaría de Bienestar, pero no se han girado órdenes generales de trabajo. Las áreas sin directores permanecen en la incertidumbre.
Situaciones parecidas ocurren en la Sedatu, a cargo de Román Meyer Falcón, donde se les solicitó la renuncia a funcionarios con fecha al 30 de noviembre. Parte del personal ya ha renunciado y otro ha sido despedido. El personal que permanece también carece de líneas generales de trabajo y en un caso reportan incluso no contar con Internet en sus oficinas desde el temblor de septiembre de 2017.
Una fuente en el Fovisste destacó que al momento la Secretaría de Hacienda no les ha extendido un listado de tabuladores y puestos, con lo que la estructura final aún se desconoce.
"Andamos inventando porque nomás no dicen nada", dijo.
En Presidencia, una fuente refirió que su contrato había terminado el 30 de noviembre y no le fue renovado. Mucho personal, dijo, se adelantó al cambio de gobierno y desde esa fecha dejó de trabajar por voluntad propia a falta de certeza.
Una de las preocupaciones principales, según las fuentes consultadas a lo largo de la administración pública, es la ausencia de ratificaciones del personal aún en funciones, pues no se requiere un documento oficial que lo avale, sino sólo la presentación de una nueva autoridad que establezca su deseo de continuar trabajando con ellos.
Esta semana la Secretaría de Hacienda y Crédito Público suspendió la contratación de personal permanente, eventual y de honorarios, según una circular que envió a las dependencias del gobierno federal. Detalló que sí se podrán realizar nuevas contrataciones pero tendrían que estar aprobadas por la Subsecretaría de Egresos de dicha dependencia.
La razón, argumentó, es una política de austeridad que permita la redistribución del gasto público en beneficio de la población menos beneficiada.
Entre las fuentes consultadas por este diario, y que externaron preocupación, el salario más bajo registrado fue de 21 mil pesos brutos.
