Madrid.- Unas 35 mil personas protestaron hoy, en el tercer día de manifestaciones en Pamplona, en el norte de España, en contra de la sentencia a cinco hombres que violaron a una joven en las fiestas de San Fermín, y que fueron condenados por abuso sexual, pero absueltos por agresión.

Según datos de la policía, al menos 35 mil personas salieron a las calles, la mayoría de ellas vestidas de negro, muchas portando carteles con la leyenda: “Nosotras te creemos”, o con las fotografías de los cinco acusados.

“No es abuso, es violación”, entonaban los manifestantes en la ciudad donde ocurrió el crimen que ha conmocionado a España.

La marcha, organizada por el movimiento feminista de Pamplona, es “una respuesta clara, no sólo a esta sentencia, sino a la violencia patriarcal que sufrimos las mujeres diariamente”, dijo Uxue Álvarez, portavoz del colectivo.

“La injusticia patriarcal es un tentáculo más del sistema”, aseveró.

Los jueces del caso, uno de los cuales se pronunció por la liberación de los detenidos, han sido acusados de complicidad y señalados de ser "machistas", por los manifestantes.

Una petición para inhabilitar a los magistrados ha reunido hasta ahora más de 1.2 millones de firmas.

Los cinco acusados, de entre 27 y 29 años, conocidos como “La Manada”, fueron condenados a nueve años de prisión cada uno por “abuso sexual” contra una madrileña de 18 años durante las fiestas de San Fermín, en julio de 2016.

Los atacantes filmaron sus actos y los difundieron en un grupo en el servicio de mensajería WhatsApp, vanagloriándose de ello.

Los magistrados concluyeron que los acusados, uno de ellos militar y un otro guardia civil, cometieron abuso sexual y no violación al no percibir violencia en los hechos.

Sin embargo, consideraron “indiscutible” que la víctima “se encontró repentinamente en un local estrecho y escondido, cercada por cinco hombres más viejos y fuerte estatura que le han dejado impresionada y sin capacidad de reacción”.

Los acusados también deberán pagar 50 mil euros cada uno a la víctima, a someterse a cinco años de libertad vigilada (cuando salgan de prisión) y a estar 15 años alejados de la víctima a una distancia mínima de 500 metros.