Un juez supremo de Perú ordenó prisión preventiva por 18 meses para el expresidente Pedro Castillo mientras la fiscalía lo investigan por "rebelión" y otros presuntos delitos, tras intentar disolver el Congreso que le costó la destitución.
Castillo fue detenido de forma preliminar la semana pasada tras su fallida decisión, quebrando el orden constitucional, y permanece recluido en una prisión policial ubicado en un distrito al este de la ciudad de Lima.
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El expresidente fue detenido en "flagrancia" cuando intentaba llegar a la embajada de México para solicitar asilo. Luego fue acusado de rebelión y conspiración.
Desde la cárcel, Castillo ha asegurado que no renunciará. Contra él también existe una denuncia constitucional de la fiscalía por corrupción.
Los opositores de Castillo aseguran que parte de su apoyo proviene del Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso, la guerrilla maoísta que sembró el caos en Perú en la década del 80 y 90. Los llaman "terroristas".
"Desde día uno que (Castillo) asumió la presidencia y es más, en la campaña (presidencial), nosotros ya éramos terroristas, éramos 'terrucos'. No lo dejaron gobernar, éramos ladrones, éramos corruptos.
"Nos vamos a quedar hasta que salga. Invoco a que las marchas sean pacificas", dijo Vilma Vásquez, sobrina del expresidente, en las afueras de la prisión.
Los manifestantes piden la libertad de Castillo, la renuncia de su sucesora constitucional, la exvicepresidenta Dina Boluarte, el cierre del Parlamento y elecciones generales ya.
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Unas 300 personas han llegado a marchar en los exteriores de la prisión gritando "Castillo, libertad", bajo un fuerte resguardo policial.
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