Autoridades norteamericanas acusaron a diecinueve presuntos integrantes de una organización de coordinar el contrabando de decenas de migrantes a Estados Unidos desde México, la mayoría a través de embarcaciones o lanchas por el océano Pacífico.
Nueve del total de los acusados se encuentran detenidos, luego de que un jurado presentara una acusación contra 14 miembros de la organización, y se presentó una denuncia contra otros cinco.
Los nueve detenidos han sido arrestados tanto en puertos de entrada como en otros lugares de San Diego, tras un operativo realizado la semana pasada. Entre los ejercicios, agentes federales presentaron órdenes de cateo en presuntos escondites de San Diego y Los Ángeles.
Elementos del vecino país incautaron más de $100,000 dólares y dos cajas de municiones durante las operaciones de seguridad. Anteriormente, los agentes habían incautado más de $120,000 dólares durante la investigación.
Según la investigación, los acusados participaron en una prolongada conspiración para introducir hacia Estados Unidos a personas procedentes de México por tierra y mar, mientras gestionaban el transporte en lanchas o embarcaciones hasta Sunset Cliffs, Bird Rock en La Jolla e Imperial Beach, California, normalmente de noche y en condiciones peligrosas.
Los integrantes del grupo criminal también se encargaban de transportar a los migrantes dentro de Estados Unidos, ya fuera conduciendo ellos mismos o coordinándose con otros conductores, incluso a Los Ángeles, Santa Bárbara (California) y Las Vegas.
Presuntamente, la organización cobraba entre aproximadamente $7,000 y $16,000 dólares por persona traficada, y transportaban decenas de miles de dólares de ganancias de San Diego a México.
Los acusados son Edgar Jiménez Macías, de 33 años; Alex Ceja Guzmán, de 30 años; y Tobías Julián Burgara González, de 32 años, todos de Tijuana, y Junior Zavala Ramírez, de 34 años originario de Tecate.
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Se les acusa de conspiración por introducir extranjeros con fines lucrativos y de introducir extranjeros con fines lucrativos y complicidad, y enfrentan una pena de hasta 15 años de prisión y 250 mil dólares de multa.
"Esta acusación sirve como aviso a aquellas organizaciones criminales transnacionales que operan a lo largo de nuestra frontera costera de que es sólo cuestión de tiempo antes de que sean llevados ante la justicia", dijo la jefa de la Patrulla Fronteriza del Sector San Diego, Patricia McGurk-Daniel.