Tijuana.- Fortalecer el acceso a la justicia en favor de las juventudes que fueron víctimas de fraude por personas que sin escrúpulos les ofrecieron servicios educativos sin validez a cambio de cuotas escolares, ha dado como resultado la detención de Beatriz “N”, tercera persona acusada de cometer este delito.
El Fiscal General del Estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez, se comprometió con los jóvenes afectados y sus familias para aplicar todo el rigor de la ley a las personas que fueron denunciadas por cometer este ilícito y que intentaron evadir la justicia refugiándose en otras entidades, sin embargo, gracias a la labor de inteligencia y a la investigación realizada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación los hoy señalados se encuentran ya tras las rejas.
Beatriz “N”, quien se ostentaba como administradora del ACIT, es acusada por sus víctimas de haberlos defraudado con la promesa de que, en su institución educativa, que resultó fraudulenta, tendrían acreditados de forma oficial sus estudios de preparatoria, lo cual no fue posible pues la supuesta institución no se encontraba registrada ante las autoridades educativas de nuestro país.
El Ministerio Público, recabó los elementos de prueba que fueron suficientes para acreditar ante un Juez que la imputada ofreció dichos servicios educativos a las personas que la denunciaron, por lo que era necesario asegurarla y presentarla ante el juzgador para que responda por el delito que se le imputa.
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Por lo anterior, los elementos de la Fiscalía General del Estado, adscritos a la Agencia Estatal de Investigación, realizaron las indagatorias necesarias que permitieron dar con la ubicación y eventual detención de la acusada, que intentó evadir la justicia refugiándose en el estado de Sonora.
Derivado a los diversos convenios de colaboración en materia de procuración de justicia, se inició un trabajo estrecho con la Fiscalía de dicho estado que en todo momento facilitó el trabajo necesario para la captura de Beatriz “N”, quien el día martes 4 de abril fue ingresada al Centro de Readaptación Social de Tijuana.
Esta institución que busca velar y proteger los derechos de los bajacalifornianos no escatimará esfuerzos y hará uso de todos sus recursos para localizar, detener y presentar ante un Juez a quienes dañen el bienestar y patrimonio de la sociedad, con mayor énfasis cuando se trate de víctimas jóvenes con deseos de superación y crecimiento.
La Fiscalía General del Estado, con determinación y fuerza buscará que todo el peso de la ley sea aplicado en contra de todos los que hasta este momento han sido puestos tras las rejas y que están a la espera de que el Juez determine su situación legal.